Los 230 crímenes ambientales ofrecen indicios sumamente relevantes respecto de cómo se cometen estos delitos y cómo se blanquean las ganancias. Es nuestro deseo que las fuerzas del orden y los responsables políticos puedan utilizar esta información para combatir los crímenes ambientales en el futuro.

Entre las conclusiones más salientes y las implicaciones de estos hallazgos, podemos destacar:

• Investigaciones Financieras Paralelas: A futuro, resulta esencial fortalecer la capacidad de los países para integrar las investigaciones financieras en sus acciones de investigación y aplicación de la ley en materia de delitos ambientales. El gobierno de EE. UU. debería contribuir a estos esfuerzos mediante el desarrollo de capacidades y asistencia técnica a los países de la Amazonía, aprovechando el marco existente de la Iniciativa de la Región Amazónica del Tesoro. Otros actores regionales e internacionales, incluidos la Organización de los Estados Americanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), deben continuar con los esfuerzos de capacitación relacionados con las finanzas ilícitas y los delitos ambientales.
• Intercambio de Información entre Países de Origen, Tránsito y Destino: Un intercambio de información oportuno y sólido entre países es esencial. Tal como señala acertadamente un informe reciente del Egmont Group, “las jurisdicciones deben reconocer la existencia de los flujos financieros ilícitos del comercio ilegal de vida silvestre y que estos flujos pueden cruzar a jurisdicciones más allá de los países de origen”. De los 230 casos identificados en este informe, un pequeño porcentaje (25 % de todos los casos, y 45 % de los casos de “seguimiento del dinero”) hace referencia a la participación de otros países. En el futuro, se necesitará una mayor y mejor cooperación internacional para identificar los vínculos y redes transnacionales. La Iniciativa de la Región Amazónica ofrece un mecanismo ideal. Si se aprovecha adecuadamente, puede ser una excelente oportunidad para un intercambio de información útil y oportuno en relación con los delitos ambientales.
• Abuso de Personas Jurídicas: Los resultados de este informe sugieren que las empresas fantasma y de fachada juegan un papel generalizado en los delitos ambientales. En el futuro, los países de la región deben redoblar sus esfuerzos en materia de beneficiarios finales y la transparencia corporativa, en consonancia con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En Estados Unidos, el Tesoro debería seguir implementando de manera sólida y significativa la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) para abordar los problemas con las empresas fantasma estadounidenses. Además, las agencias gubernamentales de EE. UU. deberían contemplar protocolos para el intercambio de información sobre beneficiarios finales con los gobiernos extranjeros de confianza, tal como lo permiten claramente las reglamentaciones y el estatuto de la CTA.
• Corrupción como una cuestión central de los delitos ambientales: Dado que la corrupción se presenta como el delito convergente más prevalente, se deben tomar medidas para abordar los delitos ambientales con estrategias que incluyan también la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Desde la presidencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) durante el próximo año, Estados Unidos debería priorizar los esfuerzos para abordar la corrupción vinculada a los delitos ambientales y los recursos naturales, y abogar por compromisos globales más profundos para enfrentar los delitos ambientales y la corrupción en la 11ª Conferencia de los Estados Parte de la UNCAC en 2025, al igual que en otros foros multilaterales.