Estados Unidos se enfrenta a grandes amenazas derivadas del oro ilegal, tanto directas como indirectas. El tráfico ilegal de oro permite a los narcotraficantes y otros actores maliciosos financiar operaciones que perjudican a los estadounidenses en un momento en que las sobredosis de drogas son una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Además, el lavado de dinero procedente del oro amenaza la integridad del sistema financiero estadounidense y representa una laguna evidente en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) de Estados Unidos.

Recomendaciones para el Congreso de EE. UU.

1. Aprobar la Ley de estrategia de asociación para el oro y la minería legal de Estados Unidos. Un nuevo proyecto de ley presentado por los senadores Cornyn y Kaine establecería e implementaría una estrategia plurianual para reducir los impactos ambientales y sociales perjudiciales de la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental. Si bien no es una solución definitiva, el proyecto de ley representa un paso importante para reunir a los actores clave, recopilar información y desarrollar una estrategia estadounidense bipartidista de largo plazo para abordar este complejo problema.
2. Tipificar a la minería ilegal de oro como delito precedente del blanqueo de dinero. El Congreso debería modificar la lista de “actividades ilícitas específicas” que constituyen delitos subyacentes para el lavado de dinero. Actualmente, solo se incluyen algunos delitos ambientales transnacionales, como el tráfico de vida silvestre. La incorporación al listado de la minería ilegal de oro ofrecería una herramienta muy útil para los fiscales estadounidenses que investigan estos casos, al permitirles rastrear y perseguir las ganancias ilícitas derivadas de este delito. Además, como los cargos por lavado de dinero suelen conllevar penas más largas, esta medida podría tener un importante efecto disuasorio, ya que alteraría el cálculo de “bajo riesgo y alta recompensa” que caracteriza a esta actividad.
3. Modificar los requisitos de declaración transfronteriza de divisas e incluir el oro en el umbral de 10.000 dólares. Esta enmienda tendría un impacto enorme, ya que uno de los métodos para transportar oro ilícito es mediante correos humanos que vuelan a aeropuertos estadounidenses con lingotes de oro no declarados.

Recomendaciones para el Poder Ejecutivo

1. Garantizar la implementación oportuna y efectiva de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Como se ha señalado, una gran parte del oro de origen ilegal se exporta e importa a través de empresas formales. Lamentablemente, los delincuentes se aprovechan del anonimato de las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y ocultan su verdadera identidad detrás de inscripciones societarias poco transparentes. Según investigaciones de la Coalición FACT, en los casos de minería ilegal de oro en Sudamérica, las empresas fantasma y las sociedades de fachada son los métodos más comunes para movilizar el oro ilícito y lavar las ganancias asociadas. Ante esta situación, el Gobierno estadounidense debería reafirmar su compromiso con la implementación plena de la CTA, una ley bipartidista que exige recopilar información básica sobre los propietarios reales de las empresas, como medida de seguridad nacional.
2. El Departamento de Estado de EE. UU., en asociación con el Departamento del Tesoro, debe establecer un nuevo programa de sanciones para combatir la minería ilegal de oro y otros delitos ambientales. Los programas actuales de sanciones se enfocan en organizaciones de narcotráfico, corrupción y otras cuestiones específicas de cada país, pero no abordan directamente los delitos ambientales como la minería ilegal de oro. Esta omisión es significativa si se considera que los delitos ambientales son hoy una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales transnacionales.
3. El Departamento de Justicia, en asociación con HSI y otros actores relevantes, debe intensificar la persecución y el enjuiciamiento de las redes criminales transnacionales involucradas en el comercio ilícito de oro. La última causa judicial de peso presentada en Estados Unidos contra la minería y el tráfico ilegal de oro data de 2022.98 Sin embargo, los grupos criminales obtienen miles de millones de dólares en ganancias por año con total impunidad, mientras provocan graves daños a las comunidades locales y a nuestros recursos naturales compartidos. Asignar recursos suficientes para llevar adelante los procesos judiciales es clave para combatir el oro ilegal y contribuir a restablecer el estado de derecho.