Administración de Estados Unidos

• Aplicar la Corporate Transparency Act (Ley de Transparencia Corporativa) —aprobada con apoyo bipartidista—, que exige que determinadas entidades de Estados Unidos inscriban el nombre de su beneficiario “final” en una base de datos no pública de la Red de ejecución de delitos financieros (FinCEN) de forma que se facilite el uso de dicha información por parte de los socios extranjeros de confianza en la aplicación de la ley para las investigaciones.
• Completar las normas para fijar obligaciones de prevención del lavado de dinero para los profesionales inmobiliarios en los mercados de bienes raíces residenciales y comerciales de Estados Unidos.
• Aumentar la asistencia técnica a los países de la cuenca del Amazonas con el fin de potenciar su capacidad para combatir los flujos financieros ilícitos transnacionales procedentes de delitos medioambientales.

• Aplicar leyes de prevención de lavado de dinero para frenar el lavado de Estados Unidos de los productos de delitos ambientales.
• Aumentar el liderazgo diplomático del Gobierno de Estados Unidos en los organismos multilaterales, incluida la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para combatir los flujos financieros ilícitos procedentes de los delitos medioambientales, incluidos los de la región del Amazonas. 

Congreso de Estados Unidos

• Apoyar la aprobación de la FOREST Act (Ley FOREST), que tipificaría la deforestación ilegal como una actividad ilegal específica —o “delito predicado”— en la legislación penal en materia de lavado de dinero de Estados Unidos. 
• Tipificar todos los delitos ambientales como delitos predicados para el lavado de dinero.
• Apoyar la Enablers Act (Ley de facilitadores), que autorizaría al Tesoro de Estados Unidos a exigir a los profesionales que ofrezcan a sus clientes servicios financieros, de compañías, fideicomisos o pagos a terceros que cumplan con los correspondientes requisitos de prevención del lavado de dinero basados en el riesgo.
• Apoyar la aprobación de la United States Legal Gold and Mining Partnership Strategy Act (Ley de estrategia de asociación para el oro y la minería legal de Estados Unidos), que daría asistencia técnica para permitir a los gobiernos regionales aplicar sanciones específicas a las personas implicadas en el lavado de activos de oro ilícitos y aprobaría la asignación de 10 millones de dólares para que el Departamento de Estado siga una estrategia para frenar la minería ilícita de oro en el hemisferio occidental.
• Aumentar la financiación de la Red de ejecución de delitos financieros del Tesoro (FinCEN), que se encarga de actualizar las normas de prevención del lavado de dinero de Estados Unidos. El Congreso también debe estudiar iniciativas plurianuales para aumentar el presupuesto de la FinCEN.