Una decisión judicial demora la plena aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa

WASHINGTON, DC – El viernes 1 de marzo, un juez federal de distrito de Alabama emitió un fallo declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), ley emblemática contra el lavado de dinero en los Estados Unidos. La orden se funda en que el Congreso supuestamente se habría extralimitado en sus facultades al aprobar la ley. La sentencia se dicta ante un recurso interpuesto por la Asociación Nacional de la Pequeña Empresa y uno de sus miembros individuales contra el Secretario del Tesoro, e impide al Departamento del Tesoro aplicar la CTA contra los demandantes. 

El año pasado, FACT se unió a Transparency International U.S. y a la asociación de pequeñas empresas Main Street Alliance para hacer una presentación amicus curiae en la causa para apoyar la CTA. Ese escrito subrayaba el espíritu de la ley en cuanto a la protección de la seguridad nacional, así como también la naturaleza limitada de la información que la ley ordena recabar: “La CTA es un avance histórico en la lucha contra el lavado de dinero, que en la opinión del Congreso, acertada por cierto, fortalecería las capacidades de las fuerzas del orden, así como de las comunidades de seguridad nacional e inteligencia de los Estados Unidos a la hora de limitar el uso de entidades anónimas para delinquir”. En su fallo del viernes, el juez sugirió que no se había demostrado suficientemente el aporte de la ley a la seguridad nacional.

“Estamos frente a una sentencia que favorece a la delincuencia, a los cárteles de la droga y al fentanilo, que atenta contra el Estado de Derecho y permite a los delincuentes utilizar empresas fantasma anónimas para ocultar su dinero malhabido de las autoridades”, declaró Ian Gary, Director Ejecutivo de la Coalición FACT. “Cerca de un millón de empresas legítimas ya han cumplido con la ley, y esta sentencia debería suspenderse y anularse en apelación”.

La Ley bipartidista de Transparencia Corporativa se aprobó en 2021 como herramienta para frenar los flujos de financiamiento ilícito en los Estados Unidos, que según estimaciones del Tesoro estadounidense ascienden al 2% del PIB estadounidense, o aproximadamente 460.000 millones de dólares por año. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha manifestado reiteradamente que “…hay motivos suficientes para pensar que, en estos momentos, el mejor lugar para ocultar y blanquear ganancias malhabidas es, en realidad, Estados Unidos”. 

Detener el abuso de empresas estadounidenses anónimas como medio para blanquear fondos delictivos y corruptos es la reforma más importante para evitar que Estados Unidos continúe convirtiéndose en el principal destino de los fondos ilícitos del mundo. Entre los partidarios de la Ley se encuentran líderes de la seguridad nacional, el sector bancario estadounidense y la comunidad de pequeñas empresas, entre otros. 

“Las pequeñas empresas se ven perjudicadas cuando se ven obligadas a competir con empresas ilegítimas que cometen fraude y otros delitos mediante el uso de entidades ficticias anónimas”, declaró Shawn Phetteplace, Director de Política e Impacto Político de Main Street Alliance. “Exigir a las sociedades que identifiquen a los verdaderos beneficiarios finales de la entidad jurídica ayuda a las fuerzas del orden a prevenir tales delitos, reduciendo así el daño a las pequeñas empresas legítimas. La decisión del Tribunal no hace más que empoderar a los delincuentes para superar y estafar a los propietarios honestos de pequeñas empresas”.

“No podemos permitir que un solo juez de Alabama reabra bruscamente las compuertas a los delincuentes que utilizan empresas anónimas para blanquear sus ganancias malhabidas”, declaró Zorka Milin, director de políticas de la Coalición FACT. “La interpretación constitucional en la que se funda el fallo es errónea, al igual que la interpretación de la legislación estadounidense contra el lavado de activos. Instamos al gobierno a apelar sin demora y a exigir que se suspenda la medida cautelar del tribunal de distrito a la espera de la apelación.”

###

Notes to the Editor: 

• Consulte aquí la decisión del Tribunal en NSBU v. Yellen.
• Consulte aquí la presentación amicus curiae presentada por FACT Coalition junto a la organización de pequeñas empresas Main Street Alliance y Transparency International U.S., miembro de FACT, en la que se pone de relieve la importancia para la seguridad nacional y las obligaciones mínimas que impone la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). 
• Consulte las FACT sheets sobre cómo la Ley de Transparencia Corporativa ayudaría a las pequeñas empresas legítimas y protegería la seguridad nacional de Estados Unidos. 
• En una declaración a la prensa, el senador Sheldon Whitehouse (D-RI), uno de los principales defensores de la CTA, declaró: “Se trata de una decisión aberrante emitida por un único juez de distrito de Alabama, basada en una concepción extraordinariamente acotada de los poderes constitucionales del Congreso que carece de precedentes. Insto al Gobierno a apelar rápidamente para corregir la decisión errónea y garantizar que los requisitos de transparencia de la ley se puedan aplicar de forma plena y uniforme.”