A medida que el precio del oro supera los $3,000 dólares por onza troy—un hito histórico impulsado por la inestabilidad geopolítica, el temor a la inflación y el debilitamiento del dólar estadounidense—los efectos se sienten en todo el mundo y subrayan el papel que juegan las finanzas ilícitas y la extracción ilegal de recursos en la intensificación de los conflictos.

En Colombia, facciones criminales están enfrascadas en una violenta lucha por un tesoro oculto. Este botín, un alijo de oro que alguna vez fue acumulado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora presuntamente controlado por comandantes disidentes, está valorado en 50 mil millones de pesos (aproximadamente 12 millones de dólares). Originalmente invertido en maquinaria y otros activos, su valor en alza lo ha convertido en una poderosa arma financiera, que alimenta operaciones guerrilleras, la compra de armas y otras actividades ilícitas.

El Catalizador Dorado

El meteórico aumento del precio del oro—un 30% solo en 2025—ha transformado reservas dormidas en poder líquido. Para las redes guerrilleras fracturadas de Colombia, esta revalorización cambia las reglas del juego. Informes de inteligencia militar revelan que el comandante disidente de las FARC alias “Calarcá” controla actualmente un importante alijo de oro valorado en 50 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 12 millones de dólares). Esta reserva, inicialmente invertida parcialmente en maquinaria y otros activos, ahora financia operaciones guerrilleras y la compra de armas. Como documentó la veterana periodista Salud Hernández-Mora en sus entrevistas, esta reserva de oro es vista como “una reserva para nuestro ejército”, una declaración respaldada por el negociador Andrey Avendaño de la facción de Calarcá.

El aumento del valor del oro no solo ha intensificado rivalidades existentes, sino que también ha proporcionado mayor apalancamiento a los grupos disidentes. A medida que el precio del oro sube, también lo hace el poder adquisitivo de este cofre de guerra, lo que permite a los grupos armados mejorar sus arsenales y ampliar su alcance operativo. Exlíderes de las FARC, incluidos algunos hoy en el Congreso, han sido acusados de acaparar estos activos tras el Acuerdo de Paz de La Habana en 2016, un pacto que muchos creen fue manipulado para esconder décadas de riqueza ilícita. “Se quedaron con el oro para ellos, no para los combatientes rasos”, afirmó Avendaño, destacando las profundas divisiones entre facciones como la de Calarcá y la del comandante rival Iván Mordisco.

Maniobras Financieras Transfronterizas

El oro no solo sirve para comprar armas—también respalda una red sofisticada de inversiones transfronterizas. Según la Fiscalía General de Colombia, muchos de los activos de las FARC, acumulados durante casi cinco décadas de conflicto, se mantenían en el extranjero—hasta el 70% de su riqueza. Estos fondos ilícitos se canalizan hacia emprendimientos lucrativos como bienes raíces, transporte y hospitalidad, proporcionando a los grupos guerrilleros una base financiera diversificada que abarca continentes. El exlíder guerrillero Simón Trinidad es un ejemplo emblemático. A través de una serie de empresas ficticias y mecanismos de facturación fraudulenta, Trinidad transfirió grandes sumas de Colombia a Ecuador, presuntamente mediante empresas como Inversiones Soluciones y Proyectos S.A. Esta estrategia no solo disfraza el origen del dinero, sino que también crea una red de activos en el extranjero que refuerza el poder financiero internacional del grupo.

El comercio ilícito de oro representa una amenaza directa a la seguridad nacional de EE.UU., como han advertido durante años altos funcionarios. Hoy como Secretario de Estado, Marco Rubio ha enfatizado que la minería ilegal de oro en América Latina es “mucho más lucrativa que el narcotráfico”, con miles de millones de dólares en oro ilícito—frecuentemente extraído en Venezuela y Colombia—ingresando a los mercados de consumo estadounidenses a través de puertos como Miami. Un informe de la GAO en 2023 reveló que el oro venezolano se lava regularmente a través de empresas fantasma y se introduce de contrabando en mercados internacionales, incluidos los EE.UU., mediante rutas transnacionales complejas. En respuesta, legisladores estadounidenses han presentado un proyecto de ley bipartidista que exige una estrategia integral liderada por el Departamento de Estado para combatir la minería ilegal de oro, fortalecer marcos contra el lavado de dinero y promover la transparencia de las cadenas de suministro. Estas acciones reflejan un creciente reconocimiento en Washington de que el crimen ambiental no es solo una crisis regional—es un desafío estratégico a la seguridad, integridad financiera e intereses de política exterior de EE.UU.

12 Millones de Dólares: Un Cofre de Guerra 

¿Qué se puede comprar con 12 millones de dólares en la economía clandestina de Colombia? La respuesta se encuentra en la deprimente asequibilidad de la guerra moderna—donde incluso armamento de alta tecnología puede conseguirse en el mercado negro a precios sorprendentemente bajos. Hay evidencia circunstancial que sugiere que los precios de las armas son más bajos en el mercado ilegal, aunque normalmente vienen con riesgos adicionales. Los rifles de asalto AK-47, por ejemplo, están disponibles desde tan solo $500 cada uno, lo que significa que este cofre de guerra podría, en teoría, armar a 24,000 combatientes. Los mismos fondos podrían desviarse hacia drones de bajo costo o explosivos, ilustrando cómo esta reserva de oro ilícita sirve no solo como símbolo de poder sino también como medio práctico para escalar la violencia sobre el terreno.

El Ciclo Vicioso: Apalancamiento y Violencia

En el fondo, el conflicto en Colombia se alimenta de una paradoja sombría. El oro, ese activo tradicionalmente considerado un refugio seguro por su estabilidad, ha sido reconvertido en un catalizador del caos. La relación entre la demanda global de oro y los conflictos internos en Colombia es impactante. Inversionistas internacionales—desde bancos centrales hasta compradores minoristas—han impulsado el alza del oro por temor a la volatilidad del dólar y tensiones comerciales crecientes. Para las facciones guerrilleras, sin embargo, estos precios crecientes crean un ciclo reforzador: cuanto más valioso es el oro, mayor es su financiación—y más extensa su capacidad para ejercer violencia. Este ciclo—donde el aumento de los valores de los activos genera mayores gastos militares, que a su vez alimentan más inestabilidad—ilustra el profundo desafío que enfrenta Colombia.

Conclusión: El Resplandor Oscuro del Oro

La dinámica global del alza del precio del oro revela cómo los crímenes ambientales pueden alimentar conflictos. La reserva de 12 millones de dólares ya ha sido extraída, pero los precios en ascenso seguirán impulsando la minería ilegal en zonas controladas por rebeldes y más allá. Operaciones militares recientes destacan la magnitud de estas economías ilícitas: la destrucción de un gran complejo minero en Buenos Aires, Cauca, privó a los disidentes de las FARC de unos 3,650 millones de pesos (aproximadamente $900,000 dólares) en ingresos mensuales. Las autoridades descubrieron y destruyeron 21 dragas sumergibles y 69 motobombas utilizadas para la extracción ilegal de oro, infraestructura que financiaba las actividades del Frente Jaime Martínez de la facción del Estado Mayor Central (EMC).

El auge global de los precios del oro no solo impulsa la minería ilegal, sino que también subraya el reto más amplio de las finanzas ilícitas que alimentan el conflicto. Canales financieros sin control permiten que las actividades ilícitas prosperen, con recursos naturales como el oro siendo explotados para financiar conflictos y desestabilización. 

Es crucial mejorar la transparencia financiera, tanto a nivel nacional como internacional, para abordar estos problemas interconectados. En los Estados Unidos, implementar completamente la Ley de Transparencia Corporativa, cerrando el uso de empresas fantasma anónimas es un paso necesario para cerrar lagunas legales. A nivel internacional, herramientas como la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales brindan un marco para identificar y mitigar riesgos, mientras que plataformas como el Grupo Egmont permiten compartir inteligencia financiera en tiempo real entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) a través de fronteras. Al combinar una mayor aplicación de la ley a nivel nacional con una cooperación transfronteriza reforzada, países como EE.UU. pueden ayudar a desmantelar la infraestructura financiera que permite el crimen ambiental y la violencia transnacional. La urgencia es clara: mientras los actores armados puedan lucrarse con la minería ilegal de oro, el ciclo de violencia persistirá.