La anulación de la ley histórica contra el lavado de dinero favorecerá a los traficantes de fentanilo y otros delincuentes

WASHINGTON, DC – El domingo, el Departamento del Tesoro anunció a través de una publicación en redes sociales que ya no tiene la intención de “aplicar sanciones o multas contra ciudadanos estadounidenses o sociedades nacionales con obligaciones de información o sus beneficiarios finales” conforme a la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). A este anuncio se sumó un comunicado de prensa oficial del Tesoro el día lunes, replicado por el Presidente Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social, donde afirmó que “la presentación de informes (sobre beneficiarios finales) tiene los días contados”.

La CTA, que exige a ciertas entidades presentar información básica identificatoria sobre sus verdaderos propietarios, o “beneficiarios finales”, fue aprobada con el apoyo del primer gobierno de Trump y constituye el avance más importante en el contexto de la lucha contra el lavado de dinero de EE.UU. en esta generación.

“Con un solo tuit, el Gobierno contradice quince años de trabajo bipartidista del Congreso para poner fin al flagelo de las empresas fantasma anónimas, una de las herramientas favoritas de nuestros adversarios globales y los criminales internacionales, incluidos quienes se dedican al tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y la evasión de impuestos”, manifestó Ian Gary, director ejecutivo de FACT Coalition. “Vaciar de contenido la Ley de Transparencia Corporativa es una afrenta inconstitucional a los poderes del Congreso que no sobrevivirá al escrutinio judicial”.

“Las pequeñas empresas sufren cuando se ven obligadas a competir con empresas fraudulentas y criminales que se valen de empresas fantasma y anónimas para eludir los mecanismos de rendición de cuentas”, declaró Richard Trent, Director Ejecutivo de la red de pequeñas empresas Main Street Alliance (MSA). “Los intentos imprudentes del gobierno de Trump por derogar los requisitos de presentación de informes de beneficiarios reales establecidos por la Ley de Transparencia Corporativa amenazan con desmantelar  mecanismos básicos de protección. La modificación de estas reglas permitiría a los delincuentes seguir explotando las lagunas legales, con los consecuentes perjuicios a los propietarios honestos de pequeñas empresas y distorsión del mercado en beneficio de la corrupción. Es por ello que MSA está fuertemente comprometida con la transparencia y la equidad, porque las empresas de Main Street merecen algo mejor”.

 “Con esta decisión, Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un imán para delincuentes extranjeros, desde cárteles de la droga hasta estafadores y organizaciones terroristas”, afirmó Scott Greytak, Director de Incidencia de Transparency International U.S. “Inexplicablemente, le dice a los delincuentes extranjeros —traficantes de fentanilo, traficantes ilegales de armas, funcionarios extranjeros corruptos— que pueden evadir la ley contra el lavado de dinero más poderosa aprobada desde la Ley PATRIOT simplemente si eligen establecer sus operaciones criminales dentro de los Estados Unidos”.

“Es un principio fundamental que las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de EE.UU. deberían poder verificar quién utiliza una empresa fantasma estadounidense para mover dinero dentro y a través de nuestras propias fronteras”, expresó Nate Sibley, miembro y director de la Iniciativa sobre la Cleptocracia del Hudson Institute. “Esta decisión afecta la capacidad del gobierno de Trump para investigar las finanzas de los cárteles y atacar los incentivos de ganancias que impulsan el tráfico mortal de fentanilo y de personas a través de la frontera sur. Organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá, así como otros de los mayores adversarios de EE.UU. como la China comunista, también dependen de empresas fantasma para ocultar actividades que amenazan la seguridad y la prosperidad estadounidenses. Al abandonar el liderazgo de los esfuerzos por desmantelar estas redes financieras oscuras, Estados Unidos cometería un error no forzado que favorece y empodera a nuestros enemigos acérrimos”.

El repentino anuncio del Departamento del Tesoro contradijo un aviso reciente sobre los requisitos de presentación de informes de beneficiarios finales publicado por la FinCEN tan solo dos días antes. También va en contra de un escrito legal del Departamento de Justicia presentado recientemente en defensa del poder constitucional del Congreso para promulgar la CTA, que establecía claramente: “La falta de información sobre la propiedad de las empresas en Estados Unidos… convierte a Estados Unidos en una jurisdicción de preferencia para quienes desean crear una empresa fantasma”. La medida también contradice el fuerte apoyo a la ley por parte del primer gobierno de Trump. 

El momento del anuncio, poco después de que el jefe de Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, prometiera en el sitio web de redes sociales X (anteriormente Twitter) “investigar” los requisitos de presentación de informes de beneficiarios finales, también pone en tela de juicio la independencia del Tesoro.

La decisión inusual y apresurada del domingo contra la aplicación de la CTA debe ir seguida de un proceso de creación de normas más responsable y transparente, ofreciendo al público la oportunidad de hacer comentarios. FACT y sus miembros esperan contribuir con comentarios, como lo han hecho en cada una de las anteriores elaboraciones de normas del Tesoro para implementar la CTA. Los comentarios anteriores reflejan el fuerte apoyo de grupos de aplicación de la ley, expertos en seguridad nacional y asociaciones de pequeñas empresas.

Cualquier norma futura que no tenga en cuenta la opinión pública es susceptible de anulación judicial por ser considerada “arbitraria, caprichosa o un abuso de poder”. Asimismo, la negativa del Tesoro a aplicar la ley en los términos en los que fue adoptada por el Congreso y promulgada puede impugnarse por violar el deber constitucional del Presidente de “velar por el fiel cumplimiento de las leyes”.

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Notas para el Editor: 

• Consulte aquí el comunicado de prensa oficial del Departamento del Tesoro que detalla la suspensión de la aplicación de los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios reales en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa para los informantes nacionales.
• El anuncio se informó inicialmente a través de una publicación de la cuenta oficial del Departamento del Tesoro en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter). 
• La Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro, la FinCEN, ya había anunciado previamente que no aplicaría los requisitos de presentación de la CTA hasta tanto se hubiera dictado una resolución final provisional prorrogando los plazos para la presentación de informes de beneficiarios finales (BOI) y se hubieran aclarado las dudas y emitido nuevas recomendaciones, “sin dejar de garantizar la relevancia de la información de beneficiarios finales para las actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley”.
• El 4 de febrero, la Casa Blanca emitió un a memorando de seguridad nacional que establece su campaña de máxima presión sobre Irán, señalando que la información de “beneficiarios finales” resultaba valiosa “para garantizar que las sanciones priven a Irán de todos los ingresos ilícitos posibles”. Sin embargo, imponer requisitos de presentación de informes de beneficiarios finales únicamente a entidades extranjeras atenta directamente contra este objetivo, como lo demuestra el reciente presunto uso de entidades estadounidenses para eludir las sanciones sobre el petróleo y otros activos iraníes. En un caso de 2024, Shaoyun Wang, un ciudadano chino, habría utilizado una empresa fantasma estadounidense para facilitar la venta de petróleo iraní a China.
• Durante el próximo año, Estados Unidos será objeto de la quinta evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional que establece normas contra el lavado de dinero. Con la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa en curso, Estados Unidos fue ascendido a conforme en gran medida en virtud de la Recomendación 24 de 2024. Dar marcha atrás en las entidades cubiertas expone a Estados Unidos a la crítica, o incluso a pasar a formar parte de la “lista gris” del GAFI, con el consecuente impacto económico.
• Una encuesta reciente de la consultora conservadora McLaughlin and Associates refleja un amplio apoyo a la Ley de Transparencia Corporativa; un 81 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que “Pedir a algunas pequeñas empresas que hagan 20 minutos de papeleo identificando a su verdadero dueño es un pequeño precio que pagar por mantener nuestras comunidades a salvo del tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros”.