El análisis de 230 casos de delitos ambientales en la Amazonía revela cómo se blanquean las ganancias ilícitas

WASHINGTON, DC – Un nuevo informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) revela que Estados Unidos es el destino extranjero más común para los productos e ingresos derivados de los delitos ambientales cometidos en la Región Amazónica. El informe analiza más de 230 casos, incluidos casos de minería y tala presuntamente ilegales, y concluye que las empresas fantasma y de fachada son los vehículos más utilizados para cometer delitos ambientales y ocultar los ingresos provenientes de dichos delitos. 

“El Departamento del Tesoro ha reconocido acertadamente que EE.UU. es uno de los principales destinos de las ganancias ilícitas obtenidas de los delitos ambientales en la Región Amazónica”, explica Julia Yansura, directora del Programa sobre Delitos Medioambientales y Finanzas Ilícitas de FACT. “Las conclusiones de este informe subrayan la necesidad de una colaboración más estrecha entre EE. UU. y los países de la Amazonía para investigar y procesar los delitos ambientales, muchos de los cuales son transnacionales”.

Y esa colaboración más estrecha quizá ya se esté gestando. En julio, el Tesoro impulsó una importante nueva iniciativa intergubernamental, la Iniciativa de la Región Amazónica contra las Finanzas Ilícitas, para investigar las ganancias de delitos ambientales mediante un intercambio de información más fluido y asistencia técnica a los gobiernos de la Región Amazónica. El nuevo informe de FACT ofrece una perspectiva sobre los tipos de intercambio de información, asistencia técnica y colaboración más necesarios para maximizar el impacto de la Iniciativa de la Región Amazónica.

El informe también examina cómo los delitos ambientales se articulan con otros tipos de delitos, fenómeno conocido como “convergencia de delitos”. Entre los casos analizados, la corrupción fue el delito convergente más prevalente, seguido del financiamiento del terrorismo y el narcotráfico.

“En los países de Amazonía, la corrupción juega un rol protagónico en la facilitación de los delitos ambientales”, manifestó Sandra Martínez, Directora Programática, Iniciativas con Sistema Político y Estado en Transparencia por Colombia, el capítulo colombiano de Transparencia Internacional. “Los esfuerzos de protección ambiental, incluida la nueva Iniciativa Amazónica, sólo pueden tener éxito si toman estas realidades en consideración y abordan las cuestiones críticas de gobernanza e instituciones”.

“Ante la inminente reunión de los líderes internacionales este mes en Colombia para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, cabe recordar que muchos delitos ambientales tienen una motivación económica”, señala Yansura. “Más allá de los esfuerzos por proteger físicamente nuestros recursos naturales, también debemos combatir las ganancias ilícitas derivadas de los delitos ambientales. EE. UU. debe trabajar con sus países socios para abordar los mecanismos de finanzas ilícitas más comúnmente utilizados por los delincuentes ambientales para beneficiarse de la destrucción de nuestros ecosistemas. Este informe ofrece importantes perspectivas para definir por dónde comenzar”.

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Notes to the Editor: 

• Consulte aquí el informe completo con el análisis de 230 delitos ambientales en la Región Amazónica (en inglés).
  • El informe en español está disponible aquí. 
• El informe de fijación de agenda de FACT de 2023, Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía, plantea recomendaciones para que EE.UU. redoble los esfuerzos por combatir las finanzas ilícitas asociadas a los delitos ambientales. 
• Para más información acerca del trabajo de FACT sobre la relación entre los delitos ambientales y las finanzas ilícitas, consulte aquí. 
• Para más información acerca de la Iniciativa Amazónica anunciada recientemente, visite el sitio web del Tesoro, y el comunicado de prensa de FACT de julio.
• Consulte el último Informe de Política de FACT para una descripción de los desafíos específicos que enfrentan los investigadores y fiscales a la hora de identificar y seguir la pista de las ganancias obtenidas de delitos ambientales.